25 años de termalismo social en Castilla-La Mancha: 150.000 personas, 27 millones de euros y la meta de llegar a 10.000 plazas en 2027

En 1999, Castilla-La Mancha puso en marcha su primer programa de Termalismo Social regional. Veinticinco años después, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, presenta los números acumulados en CMM: más de 150.000 personas han participado en el programa a lo largo de dos décadas y media, con una inversión pública total de 27 millones de euros. Para 2025 se ofertaron 7.000 plazas — y en una semana ya había 1.500 solicitudes presentadas. El objetivo para 2027 es llegar a 10.000 plazas, un incremento del 42% sobre la edición actual.

No es una estadística menor. Es un cuarto de siglo de evidencia empírica sobre lo que funciona cuando la administración apuesta de forma sostenida por el termalismo como política de salud preventiva.

¿Qué hace que un programa de estas características sobreviva 25 años y crezca? La respuesta tiene varias capas. Primero, la demanda es real y estable: hay una población mayor con patologías crónicas —locomotoras, respiratorias, dermatológicas— que se beneficia de los tratamientos termales y que vuelve año tras año cuando tiene acceso. La lista de espera que se llena en una semana no es un accidente de marketing: es la expresión de una necesidad estructural que el sistema sanitario convencional no cubre de forma equivalente.

Segundo, el impacto económico en el territorio es tangible. Los balnearios de Castilla-La Mancha —entre ellos establecimientos en Trillo, Thermae Sport en Cuenca, y otros— reciben a los usuarios del programa principalmente en temporada baja, lo que les permite mantener equipos estables, amortizar inversiones y contribuir a la economía local durante meses en que el turismo convencional no llega. Un programa de salud que también es instrumento de desarrollo rural tiene más apoyos políticos transversales y sobrevive mejor a los cambios de gobierno.

Tercero, y esto es más difícil de medir pero igual de importante: la calidad de vida percibida por los usuarios es alta. Las evaluaciones de satisfacción del programa castellano-manchego son consistentemente positivas, con altas tasas de repetición entre quienes han participado y pueden volver a solicitar plaza. El boca a boca en este segmento de población —redes de centros de mayores, asociaciones de pensionistas, grupos de amigos con edades similares— funciona como el mejor canal de comunicación que ningún presupuesto de marketing podría comprar.

El dato de la semana de espera llena merece atención especial. 1.500 solicitudes en siete días para 7.000 plazas indica que la demanda real supera la oferta al menos en el primer tramo del proceso. No todas esas solicitudes se convertirán en plazas confirmadas —hay criterios médicos, criterios de prioridad, criterios de distribución geográfica— pero la presión existe. La meta de 10.000 plazas en 2027 responde a esa presión, pero también requiere que haya balnearios con capacidad para absorberlas, equipos médicos disponibles y presupuesto regional asegurado.

Lo que el aniversario de Castilla-La Mancha pone sobre la mesa es una pregunta que otras comunidades autónomas deberían hacerse: ¿cuánto cuesta un programa así en términos de presupuesto público? Los 27 millones en 25 años representan una media de algo más de un millón anual. Para el impacto en salud, bienestar y economía rural que genera, es uno de los ratios coste-beneficio más favorables que existen en política sanitaria regional.

El modelo castellano-manchego no es perfecto. La comunicación hacia el beneficiario potencial sigue siendo insuficiente en muchos municipios. El proceso de solicitud tiene fricciones innecesarias. Y el salto de 7.000 a 10.000 plazas en dos años va a requerir coordinación con el sector que no siempre es fluida. Pero 25 años de persistencia institucional son difíciles de ignorar.